miércoles, 4 de diciembre de 2013

Abundando sobre lo básico

Salió en El Municipal 4 de diciembre del 2013



Por Jorge Zabalza


Primera pregunta básica: ¿por qué un policía no siente ningún tipo de frenos morales o éticos que le impidan asesinar a sangre fría un pibe, sea en el Marconi, sea en Santa Catalina, en Córdoba o donde fuere?
Desde que el Ministerio inventó los famosos “megaoperativos”, se indujo en la policía la creencia de que tiene derecho a invadir un barrio con patrulleros y camionetas lanzados a toda velocidad, las sirenas abiertas y las luces destellando (en Santa Catalina faltaron solamente los helicópteros). Ese tipo de operaciones no está dirigido a la investigación del delito cometido, sino a crear una sensación de terror en el vecindario. Está emparentado con formas de represión masivas empleadas en el pasado reciente del Uruguay y son similares a las que emplea la policía israelí para “controlar” los barrios de población palestina. La policía uruguaya lo está haciendo sistemáticamente en los barrios de la periferia y sus víctimas preferidas es la población joven.
Estas prácticas no forman al policía en el respeto a los demás. Son demasiados los casos para creer que el de Santa Catalina fue algo excepcional. El policía que asesinó a Sergio Lemos y los que se ensañaron con Lorena Fagúndez  y los otros pibes, carecen de todos freno ético y moral, se creen dueños de la vida o la muerte de los demás, creen tener el derecho de matar porque el Estado le otorga el poder para hacerlo. 

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No tienen la más mínima idea de que actuaron contra los preceptos morales y éticos. Nadie les ha inculcado conceptos éticos y morales como el respeto a los demás, pese a que esas lecciones deberían haber estado en la tapa del libro donde aprendieron procedimiento policial. Por el contrario, en la desmesura de la arrogancia, los policías están siendo inducidos a verse como una especie de Schwazernegger, a quienes les está permitido transgredir los principios éticos y morales en nombre del Estado. El policía no es un ser omnipotente, solamente puede usar  su arma de reglamento en condiciones muy definidas y dentro de límites muy estrictos. Ningún policía tiene derecho a disparar contra un preso o contra un sospechoso de haber cometido un delito. Esa clase de procedimientos forman parte de la política del “gatillo fácil”, una forma ilegítima de emplear la fuerza pública que lesiona profundamente las garantías constitucionales de los ciudadanos y los derechos humanos de la sociedad entera.
El instinto de supervivencia de la especie domina sobre las tendencias agresivas y por eso es posible vivir en manada, tribu o cualquier tipo de sociedad humana. Así es que una enorme cantidad de  personas poseen armas de fuego y no andan a los tiros matándose entre sí, de la misma manera que no lo hacían en las comunidades primitivas, donde cada cual poseía su lanza y su arco y flechas. En el capitalismo, en cambio, se valora sobretodo la capacidad de triunfar sobre los demás en la competencia, el mejor competidor es el mejor considerado socialmente, aunque sea un energúmeno cuya gloria personal es dominar a sus semejantes de cualquier manera, aunque para ello deban cometer los peores crímenes. Sin embargo, el Ministerio del Interior inculca a sus subordinados formas agresivas de relación, que implican una filosofía antinatural, opuesta a la propia sobrevivencia de la especie humana. La misma que inculca el imperialismo a sus soldados.
La segunda pregunta básica es: ¿por qué el Ministerio del Interior no instruye a sus subordinados en el sentimiento de que los derechos humanos son tan sagrados como la constitución o la biblia?.
  
Ante todo porque no les interesa. Esa es la respuesta inicial. El gobierno de Mujica no está comprometido con la Verdad y la Justicia, abdicó de ellas en aras de triunfos electorales. No puede enviar a los jóvenes policías un mensaje  firme, claro y convincente de respeto a los derechos humanos, porque es un gobierno incapaz de jugarse por la Verdad y la Justicia. Se limita a tomar medidas para llenar el ojo de las instituciones internacionales. Sus gestos y señales indican que “eso de los derechos humanos es mero palabrerío de intelectuales y grupos radicales, los crímenes contra la humanidad fueron cosa del pasado, ahora hay que olvidarlos y perdonar a los culpables”.  Es más, hay hechos que indican que su voluntad política es arrojar un manto de impunidad sobre crímenes policiales que ocurrieron en plena democracia, después de 1985. El ministro Bonomi ”olvidó”  por ejemplo  investigar los asesinatos de Fernando Morroni y Roberto Facal, cometidos por la policía durante la “masacre de Jacinto Vera”, de la cual fue partícipe activo junto con el presidente de la república y el ministro de defensa. Asimismo ellos tres no se han preocupado por reabrir la investigación del homicidio de Ronald Scarzella, antiguo compañero de ellos en el MLN (T), cuyo asesinato huele desde siempre a “ejecución extrajudicial”. Estos “perdones” de facto, otorgados en la oscuridad y el silencio, indican a los policías que sus tropelías gozarán de impunidad anticipada por mucha democracia republicana que exista. Se sienten protegidos, con permiso para depredar impunemente.    
Tercera pregunta básica: ¿por qué no se instruye a los policías en las formas de proceder respetuosas de los ciudadanos y en el respeto a sus garantías constitucionales?, ¿cuál es el sentido de incentivar el espíritu represivo y la violencia policial en lugar de principios humanistas y de solidaridad social?.
Para atraer las inversiones extranjeras son más atractivos los salarios bajos que las exoneraciones impositivas (contradigo  al señor presidente Mujica, de puro atrevido nomás). Por esa razón la política salarial del gobierno mantiene a la tercera parte de los habitantes con ingresos menores a 14.000 pesos, a menos de la cuarta parte de la canasta de necesidades básicas. Es lo que requieren los acuerdos con los sectores empresariales de la región y con las corporaciones transnacionales.
Por lógica pura, como constantemente le están diciendo que el producto y las exportaciones del país van cuesta arriba, el pueblo trabajador aspira a que su poder adquisitivo crezca para vivir mejor. Sin embargo sus aspiraciones están siendo reiteradamente postergadas, por lo cual puede presumirse un incremento de la conflictividad social, como cualquier conocedor de la historia puede corroborarlo. La estrategia de mantener bajos los salarios puede entonces requerir  una policía preparada para dar palo, con capacidad rápida de respuesta y un funcionamiento bien aceitado. El ministerio del interior ha asumido esa responsabilidad histórica, la de instrumentar la concepción policial que necesitan las corporaciones transnacionales y el capital financiero.
Con la población más excluida y marginada, socialmente estigmatizada y aislada, la policía está ensayando los procedimientos violentos que luego emplearán contra el resto del pueblo trabajador. ¿Qué víctimas más indefensas e impotentes podrían encontrar para entrenarse en los novísimos métodos represivos?  La violencia policial es una política de control de la población. Esa es la respuesta fundamental a las preguntas básicas.  
Conclusión: en el asesinato de Sergio Lemos en Santa Catalina hay dos tipos de responsabilidades. La directa e inmediata es la del brazo ejecutor, el guardia de la Republicana, pero hay otra responsabilidad, indirecta y mediata, que es la del Ministro del Interior, el que decide cuáles serán las políticas y las estrategias policiales y optó por  desarrollar una fuerza policial preparada y aceitada para reprimir. No alcanza con pedir disculpas, deberían cambiar la concepción represiva global que domina en el gobierno de Mujica y que conduce a actuaciones ilegítimas por parte de la fuerza pública.

viernes, 22 de noviembre de 2013

Nota sobre los procesamientos en Alemania (POONAL)


Este artículo fue publicado en Poonal n º 1071

URUGUAY

Criminalización de los ex presos de la dictadura después de las protestas contra la impunidad
Domingo 17 de Noviembre de 2013 00:00
por Ute Löhning
Jorge Zabalza e Irma Leita al salir de la corte el 4 de 11 2013 / Foto: Javier Calvelo, La Diaria (Berlín, 17 de noviembre de 2013, poonal La Diaria-Comcosur) -. Uruguay está luchando con la investigación de violaciónes de derechos humanos de la época de la dictadura militar de 1973 hasta 1985. Esto es claro en ese momento. Desarrollos alrededor de la destitución de la jueza Mariana Mota Mientras que Uruguay es un país cuyo presidente José Mujica fue torturado durante la dictadura de los militares y detenidos en condiciones degradantes, y en los otros guerrilleros ex-gobierno de los Tupamaros sentarse.
Las protestas pacíficas contra la destitución del juez Mota
Juez Mariana Mota / Foto: Pablo Nogueira, La Diaria El juez Mariana Mota, que había encontrado consistentemente en varios casos de terrorismo de Estado y condenado como el ex dictador Juan María Bordaberry a prisión era la Suprema Corte de Justicia (SCJ) a principios de 2013 en contra de su voluntad y sin previo aviso de un tribunal penal transferido a un tribunal civil Servicio. Los casos fueron procesadas por sus bloqueada por el control judicial de violaciónes de derechos humanos y los retrasos totales ralentizado.
Organizaciones de derechos humanos, ex presos y sus familiares tuvieron luego de 15 02 2013 llamó a realizar protestas ante el Tribunal Supremo.
Cientos de personas se acercaron. Ella protestó en voz alta, pero pacíficamente , cantaron, aplaudieron, gritaron consignas para exigir el castigo de la Ilustración y los crímenes de la dictadura y, más específicamente, los derechos humanos, que pidieron no permitir que el Juez Mariana Mota. 100 y 200 manifestantes entraron en el edificio y en el Tribunal Supremo, a la que se discutió el desplazamiento del juez Mota en una reunión pública y aprobados. Aunque el evento fue pacífico, los manifestantes fueron empujados por una unidad especial de la construcción.
Las acusaciones de "montaje"
El mismo día, el Presidente de la Corte Suprema de Justicia, Jorge Ruibal Pino, cargos contra siete participantes de estas protestas a causa de "asamblea" (asonada) reembolsado - siete, como presuntos líderes de las personas no percibidos de un grupo de más de un centenar de participantes, probablemente los que había hablado con la prensa.
El Juez Penal Gabriela tiene Merialdo pasado 4 Noviembre ya formuló cargos contra Irma Leites, Jorge Zabalza, Alvaro Jaume, Patricia Borda, Aníbal Varela, Eduardo Jaume Jaume Diego.
Como "asamblea" o "cazuela" es verdadero si "reunirá por lo menos cuatro personas, disturbios, incitando a la población, (...) con gritos o amenazas interrumpir actos públicos o ceremonias religiosas (...)". Después de la legislación uruguaya es "asamblea" o "cazuela" una violación de la estructura política interna del Estado. Participantes una "asamblea" puede ser castigado con pena de prisión de ocho y cincuenta y siete montanos.
Condiciones Cínico de aspecto
Álvaro Jaume, Irma Leites, Aníbal Varela y Jorge Zabalza a una citación judicial en septiembre de 2013 / Foto: Pablo Vignali, La Diaria Algunos de los acusados (Irma Leites, Jorge Zabalza, Alvaro Jaume) han pasado varios años como prisionero político en las mazmorras de la dictadura. Irma Leite juega un papel destacado en la plataforma para la memoria y la justicia (Plenaria Memoria y Justicia), Jorge Zabalza fue una figura destacada de los Tupamaros.
El fiscal en este caso es Gustavo Zubia, hijo de Eduardo Putschistengenerals Zubia y guardias de la prisión acusado de Jorge Zabalza ahora.
Numerosas notas de protesta contra el poder judicial
El PIT-CNT federación sindical afirma en un comunicado el director general Marcelo Abdala Fernando Pereira contra la acusación y llama al derecho de todos los ciudadanos uruguayos a la libertad de expresión y la protesta como un derecho garantizado por la Constitución. Varias organizaciones de derechos humanos han denunciado en rueda de prensa conjunta sobre este tema
Asimismo, la filial uruguaya de la Asociación Mundial de Radios Comunitarias AMARC (Asociación de Mundial de Radios Comunitarias) rechaza la confirmación de los cargos por el juez Merialdo en una declaración pública. Las protestas legítimas sería pacífica. De esta manera sería criminalizar la protesta, restringió el derecho de todos los ciudadanos a la libertad de palabra y de expresión pública de opinión y pisoteada.
Más astuto que el uruguayo poder judicial no es independiente y disfrazar el camino en la búsqueda de la verdad y la justicia, por lo que se mantiene la impunidad de los responsables de los crímenes de la dictadura de los derechos humanos.
Seis de los acusados (Irma Leites, Jorge Zabalza, Alvaro Jaume, Aníbal Varela, Eduardo Jaume Diego Yawm) anunció en un comunicado la acción legal público para con los que quieren conseguir, que el propio Tribunal Supremo, la declaración de la jueza Merialdo por inconstitucional explicar.
Mariana Mota y otra vez ...
Mismo Mariana Mota había expresado públicamente las críticas de la acusación por disturbios en septiembre de 2013. En el diario El País, que habían declarado que no ven ninguna base para ello, porque no hubo heridos y no se había bloqueado el acto público de su propio desplazamiento. Los manifestantes se habían hecho más que ejercer su derecho a la libertad de expresión en la demanda.
Ahora, a su vez, requiere que la Corte Suprema de Mota una declaración sobre sus declaraciones públicas. Si tienen estas declaraciones a El País que realmente hizo y por qué han elegido esta forma. Según el autor Natalia Aval del diario uruguayo "La Diaria", este podría ser el primer paso para la renovación de los procedimientos administrativos en contra de Mota.
Re-turn - resultado incierto
Numerosos informes de violaciónes de derechos humanos durante la dictadura se levantaron / Fotos en octubre de 2011: Javier Calvelo, La Diaria Mientras tanto, un nuevo giro ha tenido lugar cuatro días después de un procedimiento civil contra los siete activistas, el Tribunal Supremo ha decidido también jueza Gabriela Merialdo para aliviar su puesto en la Corte Penal y que les permita un tribunal civil.
La información sobre el paso de la corriente de nuevo a las declaraciones hechas por los empleados de la Corte Suprema, dijo al diario "El País". Formalmente, la transferencia está en conexión con una indicación de la Asociación de Empleados de Justicia (Asociación de Funcionários Judiciales) contra Merialdo debido a las quejas sobre el manejo de los empleados en su lugar de trabajo.
El actual diputado jueza Cecilia Schroeder asumirá el cargo de Merialdo.


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martes, 12 de noviembre de 2013

Zabalza en La Yapa de Omar Gutierrez



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Vecinos de Santa Catalina en Resonando


Con la conducción de Willam Yohai y Pablo Marrero 

Invitados: Richard, Franco Machado, y Jorge Zabalza


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La falacia de El País
Eduardo Barreneche
A unas tres cuadras de la terminal de ómnibus de Santa Catalina, el exguerrillero Jorge Zabalza posee una casa de dos pisos con frente de ladrillos.
Pese a estar en un barrio humilde, la ubicación de la casa es privilegiada. A pocos metros comienza la playa y desde varias de sus ventanas se ve el Río de la Plata. Cada tanto y como un video promocional turístico, se observa cruzar el catamarán blanco de Buquebus. Además, desde la casa se puede gozar de los mejores atardeceres montevideanos.
Zabalza trata de vivir como uno más en Santa Catalina, un barrio de trabajadores situado detrás del Cerro. Primero tuvo una casa de dos plantas a pocos metros de la calle Burdeos, después otra en el corazón de Santa Catalina y la actual, frente a la playa, es la tercera. Además fue propietario de la carnicería del barrio. Algunos vecinos dicen que la vendió. Otros que puso un encargado y se jubiló.
Tanto el Ministerio del Interior como los vecinos de Santa Catalina creen que Zabalza está detrás de las movilizaciones efectuadas tras la muerte del joven Sergio Lemos a manos de un policía de la Guardia Republicana el lunes 4.
Un vecino referente en el barrio señaló que hubo una "movida política" detrás de los piquetes realizados en la tarde y noche en las calles de entrada a Santa Catalina (en Burdeos y en Víctor Hugo) el mismo día que mataron a Sergio Lemos, y también en los enfrentamientos con la Policía en la madrugada del martes 5.
Durante las movilizaciones, manifestantes contra el abuso policial quemaron una casilla de Gaz de France y una comisaría móvil. Además le tiraron una bomba molotov a un ómnibus pero el fuego no fue suficiente para destruir al vehículo.
María R., quien vive sobre la calle Lenguado a poca distancia de Zabalza, también acusó al extupamaro de incentivar a jóvenes a enfrentarse con la Policía con el objetivo de desacreditar al gobierno y al Ministerio del Interior. "Zabalza e Irma Leites (líder de Plenaria Memoria y Justicia) son los principales autores de todo este relajo. Es una movida política y habrá que ver la que se viene", dijo en alusión que los grupos radicales están preparando una movilización de envergadura.
Otro vecino señaló que Zabalza y Leites reclutan adolescentes descreídos entre las familias más carenciadas de Santa Catalina para utilizarlos co-mo peones en sus estrategias políticas.
Un tercer vecino ratificó esa versión. "En los incidentes ocurridos durante los festejos de Peñarol (4 de junio) en el Centro, cuatro o cinco de los encapuchados salieron de acá", dijo a El País mientras señalaba con la cabeza en dirección a la casa de Zabalza.
En los incidentes hubo destrozos de comercios en el Centro capitalino. La Policía detuvo a 89 manifestantes pero la Justicia los liberó en horas.
El 12 de junio, en una convocatoria a la Comisión de Constitución y Códigos de Diputados, el director nacional de Policía, Julio Guarteche, insistió sobre que los actos vandálicos ocurridos en el Centro fueron organizados. "Cuando decimos que actuaron grupos radicales, lo hacemos de acuerdo con el análisis de los videos que tenemos y por la virulencia que hubo en el ataque a la Policía sin ningún tipo de provocación por parte de los funcionarios", señaló el jerarca policial.
Zabalza rechazó la versión de vecinos sobre su participación en los incidentes en San- ta Catalina. "Si militantes del Frente Amplio sostienen que soy yo el autor intelectual y el instigador de esa resistencia popular que hubo estos días, que tengan el carácter y el coraje como para ir y decirlo públicamente, incluso haciendo una acusación judicial", dijo. Agregó que incentivar rumores es una práctica tan vieja como el día que se fue del MLN. "Desde ese día han lanzado todo tipo de rumores pero yo sigo con mi vida, tranquilo", sostuvo.

La cantina.

Juan M. esperaba el ómnibus en la terminal de Santa Catalina el jueves 7.
"La mayoría de los habitantes del barrio votan al Frente Amplio y en particular al Espacio 609. Los grupos radicales acá no tienen mucha fuerza. Tampoco Zabalza. No es un referente del barrio", indicó.
La ascendencia del Espacio 609 y del MPP, en particular, es evidente en Santa Catalina. En varios comercios hay fotos de Mujica y de Lucía Topolansky abrazando a niños. Los vecinos recuerdan que, en las campañas electorales, Mujica y Topolansky concurrían a una cantina ubicada a pocos metros de la terminal a reunirse con militantes del Espacio 609.
En el barrio también vive el senador y exministro de Defensa, Luis Rosadilla.
El lunes 4, la jueza penal Gabriela Merialdo procesó sin prisión por el delito de "asonada" a Zabalza, Leites, a Álvaro, Diego y Eduardo Jaume, Patricia Borda y Aníbal Varela, quienes participaron en una protesta contra el traslado de la jueza Mariana Mota de una sede penal a una civil.
Dos jóvenes que se encontraban el miércoles 6 cerca de la terminal de ómnibus de Santa Catalina negaron que Zabalza les hubiera dado nafta para encender los neumáticos colocados en los piquetes como trascendió en el barrio. "Yo fui a comprar la nafta. Lo hice porque estaba recaliente por lo que hicieron los milicos con Sergio (Lemos). Ahora se pasaron de la raya", dijo Pablo.
Augusto agregó: "a mí me llevaron dos veces a la Seccional 19. Allá me golpearon por un buen rato".

"Hay intereses políticos radicales y no radicales"

El ministro del Interior, Eduardo Bonomi, afirmó a varios medios de prensa que su excompañero del MLN Jorge Zabalza lucha en forma errónea y con falta de objetividad.
Bonomi dijo que Zabalza "se alejó de la organización que integrábamos juntos porque discrepaba con la caracterización del momento, con la política de alianza y entonces lo que hoy hace es consecuencia de esa diferencia".
Zabalza fue uno de los primeros en señalar que Sergio Lemos fue asesinado por un policía, puesto que no había participado en la rapiña a un almacén.
Bonomi dijo a Telebuendía que la indignación en Santa Catalina es "legítima" y consideró que "al otro día, quemar la oficina de Gas Sayago, no tiene nada que ver con lo que pasó. Hay intereses políticos radicales y no radicales".
Zabalza señaló a El País que esa afirmación de Bonomi "es una falta de respeto" hacia los adolescentes que no tienen nada que ver con la política y manifestaron contra el abuso policial. "Estaban con una consternación y una bronca muy grande y lo peor de todo con impotencia", dijo el extupamaro.
Enseguida recordó los tres últimos hechos donde hubo violencia policial: los dos presos del Comcar muertos a manos de guardiacárceles, el caso del joven Sergio Lemos en Santa Catalina y la muerte en Canelones de un ladrón que no estaba armado. "Son casos de un ejercicio violento e ilegítimo de la fuerza pública. Por supuesto que estoy en desacuerdo con todo esto que le quita vidas a inocentes", dijo.
Zabalza sostuvo que si la Policía está bajo control, "el responsable de estos hechos es el ministro Bonomi. En algún momento podemos hacerle un juicio por ser el autor mediato de estos asesinatos".







lunes, 11 de noviembre de 2013

Mujica y sus secuaces tergiversan la historia reciente del pueblo uruguayo


Jorge Zabalza: “Mujica y sus secuaces tergiversan la historia reciente del pueblo uruguayo”


 Entrevista de Resumen Latinoamericano a Jorge Zabalza, ex dirigente de los Tupamaros

por Carlos Aznárez/
Resumen Latinoamericano, 10 de noviembre.-

Jorge Zabalza tiene una larga historia de rebeldía en el Uruguay.Estuvo preso en calidad de rehén durante toda la dictadura que gobernó el país entre 1973 y 1985. Su hermano, Ricardo Zabalza, también tupamaro, cayó en combate durante la ocupación de la localidad de Pando, el 8 de octubre de 1969.
Actualmente, Zabalza es uno de los mayores críticos del gobierno de sus ex compañeros Mujica y Fernández Huidobro, a quienes endilga haberse olvidado de todo lo que fue el bagaje doctrinario de los Tupamaros de los 60-70. Recientemente, Zabalza junto a otros luchadores populares salieron en defensa de la jueza Mariana Motta, quien intentaba llevar adelante los juicios contra los militares genocidas. Por esa actitud, los jueces procesan a Zabalza y otros militantes, lo que ha despertado gran indignación en vastos sectores politizados de la sociedad uruguaya.


-Esta semana se conocieron varias órdenes de detención contra conocidos militantes populares uruguayos, entre los que estás tú mismo, a quienes se los acusa de haber participado en una protesta por el traslado de la jueza Mariana Motta. ¿Podés explicar quiénes están detrás de esta insólita medida y cuáles son las verdaderas razones de la misma?
-Es la Suprema corte de Justicia la responsable de nuestro procesamiento por el delito de asonada. La integran magistrados que fueron fiscales y jueces durante la dictadura y son responsables de haber sido omisos en investigar delitos de lesa humanidad y contribuir a ocultarlos, como, por ejemplo en el caso de la aparición de cadáveres en las playas del Río de la Plata.
-¿Considerás esta decisión judicial, avalada por el propio gobierno, como parte de una escalada que busca criminalizar la protesta en todos los niveles?
-El gobierno y el parlamento tendrían que haber dado su opinión públicamente sobre la in-justicia de estos procesamientos. Su silencio puede significar que se consiente este ataque a la libre manifestación de las ideas y las opiniones; lo mismo puede decirse de la tímida y vergonzante declaración de la Mesa Política del Frente Amplio. En cambio el movimiento popular se ha expresado con vehemencia en defensa del derecho social a protestar, tanto la central obrera como las organizaciones estudiantiles y de derechos humanos. Se percibe que la criminalización de la protesta está siendo una de las formas principales de dominación en toda América Latina y que, durante este 2013, en Uruguay hubieron varios incidentes que demuestran una decisión de marchar por el mismo camino.
-En varios artículos o entrevistas que te hicieron denuncias la apuesta a la impunidad que se hace desde distintos estamentos del gobierno de Mujica. ¿Esta decisión de no avanzar en el juicio y castigo a los culpables de la dictadura es parte de algún pacto anterior con los militares o sólo responde a una salida coyuntural del actual gobierno frenteamplista?
-La tesis del equipo represivo de gobierno de Mujica (Fernández Huidobro, Bonomi y otros) es colonizar políticamente el aparato policíaco-militar para transformarlo en palanca del desarrollo nacional. Se esgrimen abundantes argumentos, aunque el principal sea el rol que cumplen las fuerzas armadas venezolanas a partir de la influencia que tuvo el compañero Hugo Chávez sobre ellas. Se obvian las diferencias históricas y coyunturales que nos diferencian de lo que ocurre en la Venezuela Bolivariana, del mismo modo simplista que, cuarenta años atrás, se obviaron las diferencias entre los militares uruguayos y lo que ocurría en el Perú con los militares que obedecían a Velazco Alvarado. A partir de semejante falacia, resulta obvio que se deben olvidar los crímenes de lesa humanidad y perdonar a sus autores, pues de otra manera sería imposible “penetrar” las duras entendederas de los gorilas criollos. Claro que, con dicha finalidad, Mujica y sus secuaces deben tergiversar la historia reciente del pueblo uruguayo y, en particular, la de la guerrilla tupamara. Es un acto esencialmente inmoral porque ellas estuvieron abonada con mucha sangre de torturados, violados, asesinados y desparecidos. La inmoralidad los está llevando por una senda de degradación que la gente va percibiendo cada día más.
-Cada vez que desde organizaciones de familiares de desaparecidos u otros organismos de derechos humanos se plantea la necesidad de avanzar en el castigo a quienes cometieron crímenes de lesa humanidad, algunos funcionarios del gobierno actual y el anterior se argumenta que el propio pueblo uruguayo votó en su momento la ley de caducidad o se apela a la necesidad de la “reconciliación nacional”. ¿Cuál es tu opinión en ese sentido?
-El último plebiscito que intentó anular la inconstitucional ley de impunidad, recogió más del 48% de los votos efectuados. De hecho es la voluntad política de casi la mitad de los ciudadanos uruguayos, aunque no se haya alcanzado el mínimo requerido para derogarla. El gobierno optó por desconocer el mensaje que emitió el segmento más avanzado del pueblo y se ha apoyado en las opiniones de la derecha más reaccionaria. Esta es la definición ideológica más clara de Mujica y los suyos.
-¿Qué explicación racional encontrás para que Mujica, Fernández Huidobro, Bonomi, por nombrar a algunos de los hombres del actual gobierno, tiren por la borda toda su historia anterior de lucha en el MLNT, y hoy actúen con los mismos métodos represivos o con el desarrollo de similares políticas a los que en otras décadas utilizó la derecha uruguaya?
-No hay ninguna explicación racional. Hay varias de carácter irracional.
-No ignorarás que Mujica sigue contando con un alto nivel de apoyo interno y externo, incluso no pasa una semana sin que militantes de la izquierda latinoamericana o los propios gobiernos caracterizados como más de avanzada en el continente, lo reivindiquen como un dirigente excepcional “por su discurso y su forma de vida”. ¿Qué le diría Jorge Zabalza, militante tupamaro, ex rehén de la dictadura y actualmente perseguido por la Justicia oficial, a quienes piensan así?
-En Uruguay hay un millón de personas con ingresos menores a 14.000 pesos cuando la canasta básica anda cerca de los cincuenta mil pesos. Significa que no hubo una redistribución significativa del ingreso en diez años de gobierno frenteamplista, hecho que solamente se explica porque la política económica favorece el pago de los servicios de la Deuda y la acumulación de riqueza por las corporaciones transnacionales. El gobierno renegó de su pretendida definición “popular” y esa renuncia a los principios históricos del Frente Amplio marca su fracaso actual y el futuro desbarranque.
-¿La posibilidad de una nueva presidencia de Tabaré Vázquez va a acentuar las actuales formas de gobierno, o se puede esperar algún cambio?
-El propio futuro presidente del Uruguay ya lo dijo: “no habrá ningún viraje a la izquierda” y sostiene que favoreciendo el desarrollo del capitalismo se camina hacia el socialismo. Si ustedes no lo entienden, menos puedo entenderlo yo… pero la maquinaria electoral está marchando y la demagogia sigue siendo efectiva, al menos por el momento. De todas maneras uno siente gran confianza en las reservas subjetivas del pueblo uruguayo y esperamos su indignada reacción cuando la situación lo exija.


Política 11.11.13

Lunes negro

En un solo día, el lunes 4, los derechos humanos bajaron en Uruguay unos cuantos escalones. Por la tarde, la Justicia aplicó una lectura perversa del Código Penal para procesar, a instancias de la Suprema Corte de Justicia (SCJ), a siete opositores por participar en una protesta. Esa misma noche, tres balas policiales, dos de ellas por la espalda, se cobraron la vida de Sergio Lemos, de 19 años, mientras paseaba en moto por el barrio montevideano de Santa Catalina.
Ambas noticias echaron nueva luz sobre errores en la defensa estatal de los derechos humanos. El lunes pasado, en cuestión de horas y por distintos motivos, fueron la Policía y la Justicia las instituciones que tropezaron, confirmando una prolongada tendencia a la degradación.
Esta azarosa simultaneidad ilustra cómo afianzar las impunidades del pasado e incita a quienes aspiran a la impunidad en el presente. La falta en el Estado de una política de derechos humanos firme, clara, coherente y homogénea abre fallas por las que se cuelan la intimidación y las provocaciones de funcionarios armados contra civiles desarmados y la criminalización de la protesta, la pobreza y la juventud, entre otros problemones.
La actitud de la SCJ hace peligrar la condena del puñado de militares y civiles presos por crímenes de la dictadura y otras causas que se remontan a esa época, las cuales avanzan cuesta arriba y siempre al borde del risco. A pesar de las nuevas leyes relativas a la “nueva agenda de derechos”, este país está lejos de ser el paraíso de las libertades, y el lunes bajó unos escalones hacia el infierno.
La inteligencia policial se infiltra en manifestaciones. En barrios empobrecidos son frecuentes las razias. El ministro del Interior, Eduardo Bonomi, advirtió hace dos años que existen en la Policía nichos de corrupción que conspiran contra la reforma de la fuerza. Pero él mismo suele apresurarse a darles la razón a sus subordinados que manchan el uniforme reprimiendo festejos deportivos, protestas y motines carcelarios, mostrando desidia en el incendio de la cárcel de Rocha o abusando y asesinando en Santa Catalina, por ejemplo. A veces termina retractándose, como en el caso Lemos.
Esas demostraciones de fuerza denominadas “megaoperativos” tienen resultados muy magros: muchos arrestos, pocos procesamientos. Pero inspiran a la sociedad a identificar al pobre y al distinto con el enemigo en esta deshumanizada guerra televisada contra el crimen: 49,83% de los encuestados para un estudio de la Facultad de Ciencias Sociales creen que la Policía debería actuar al margen de la ley contra la delincuencia. Instituciones de derechos humanos tan prudentes como Serpaj y Ielsur dieron cuenta la semana pasada de una “escalada represiva” y del “aumento de la gradación de la violencia estatal en procedimientos policiales”.
Mientras, el Poder Judicial aprovecha las contradicciones del Poder Ejecutivo para reafirmar la impunidad de los crímenes de la dictadura, contrariando el derecho internacional. “¿Está la Corte Suprema uruguaya a la altura de la misión de custodiar el templo de la democracia? Con todo respeto, mi respuesta es que no”, alertó en mayo en París el ex juez supremo francés y ex alto funcionario de la Organización de las Naciones Unidas Louis Joinet.
La SCJ declaró inconstitucional la Ley 18.831, con la que el Parlamento pretendió en 2011 desactivar la Ley de Caducidad, y trasladó del fuero penal al civil a la jueza Mariana Mota cuando analizaba 55 causas sobre de crímenes de la dictadura. La SCJ tuerce la verdad al argumentar que la motivaron “razones de mejor servicio”, porque lo empeoró. Retrasó esos procesos. Además, el “traslado a un cargo no conceptuado como ascenso” es una sanción, según la Ley Orgánica de la Judicatura.
La mitad de las 300 personas que el 15 de febrero criticaban el traslado de Mota frente al Palacio Piria ingresaron en el edificio y fueron expulsadas de allí luego de tres horas de un torpe operativo acordado entre la SCJ y la Policía de Montevideo. La cúpula judicial derivó de inmediato los incidentes a la jueza Gabriela Merialdo.
La magistrada calificó de “asonada” el ingreso espontáneo de manifestantes y los forcejeos que, sin lesiones ni daños, siguieron a la ejecución policial de una supuesta “orden judicial” de desalojo (golpes, codazos y patadas leves, cánticos, aplausos, agresiones verbales y una bofetada aislada a un agente). De los 150 “asonadores”, fueron procesados sólo siete porque hablaban con la prensa y parecían liderar a otros, según declaraciones policiales. Los acusados coinciden en cierta exposición pública, su militancia contra la impunidad y su pertenencia a una izquierda crítica hacia el gobierno. ¿Llegará el día en que la Justicia uruguaya vuelva a penar con cárcel el ejercicio de la libertad de expresión? ¿Cuánto falta?
Los supremos “temieron por su seguridad” y se sintieron “secuestrados” y “privados de su libertad”, según testimoniaron. Ni se percataron de que patrocinaron sin vergüenza el procesamiento de víctimas de secuestros reales y atroces, como Álvaro Jaume, torturado en Boiso Lanza, y su hijo Eduardo, que siendo niño fue obligado a presenciar una de esas sesiones en los años 70. Ayer y hoy, dos supremas injusticias.




viernes, 8 de noviembre de 2013

Jorge Zabalza en De Ocho a Diez



Jueves 7 de noviembre de 2013

Zabalza: hay que decirle a la Policía que está mal ser prepotente

Tiene que haber un cambio de la actitud en general de la Policía, sostuvo el exdirigente del MLN Jorge Zabalza. En su opinión, asistimos a un "crecimiento de la violencia de la policía frente a los pibes". "Lo vivimos en la época de las razias", recordó y criticó: "Ahora no hay nadie que le diga a la Policía que está mal ser prepotente".

Para el extupamaro que vive en Santa Catalina, hay una gran decepción y escepticismo respecto a la policía. "La gente desconfía de que puede hacer lo que hizo", dijo en referencia al asesinato de un joven al que además se le plantó un revólver 38. Cuando dispara, el policía sabe a quién dispara, porque hacía 222 en el barrio y no lo desconocía, aseguró.

Hay un gesto autoritario y prepotente cotidiano por parte esa fuerza, insistió y opinó que el único ministro que quiso hacer algo diferente en Interior fue Jorge Díaz, y lo sacaron por eso.

Este miércoles hubo un acto "muy conmovedor", relató, donde estaban las familias y los heridos y en el que participaron unas 500 personas. "Después se marchó al lugar donde se cometió el homicidio y hubo otra forma de expresar la bronca y la frustración".


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viernes, 4 de octubre de 2013

Rastrojos de difunto

Al capitán Ferro le decían "Llamarada"



por Jorge Zabalza

 Ocho de octubre de 2013         
       “RASTROJOS DE DIFUNTOS” 

Año1979. Paso de los Toros. En el  Batallón de Ingenieros No. 3, al capitán Eduardo Ferro le decian “Llamarada”. Revistó durante seis meses en esa unidad, sancionado por  haberle pegado a un superior suyo. Un soldado al que golpeó malamente, debió ser internado en el Hospital Militar. Una vez a la semana Ferro entraba de capitán de servicio y tenía el cuartel a su entera disposición. Se daba una vuelta por las catacumbas donde estábamos recluidos con Raúl Sendic y Julio Marenales, ordenaba que nos llevaran a bañar... y qué hacía el muy energúmeno?... se entretenía en mirar nuestras desnudeces y hacer comentarios chistosos hasta que uno reaccionaba y terminaba castigado!. Nosotros no lo sabíamos, pero el tipo ya tenía harta experiencia en delitos de lesa humanidad:  en 1977, participó en secuestros a exiliados uruguayos en Buenos Aires, varios de ellos fueron desaparecidos; estuvo entre los secuestradores y asesinos del compañero Oscar Tassino; a fines de 1978 comandó en Porto Alegre el secuestro de Universindo Rodríguez y Lilián Celiberti y su traslado a la fortaleza de Santa Teresa para torturarlos. Verdaderamente, un experto en materia de Plan Cóndor.

Año 2013. Canteras de Marelli, cerca de Maldonado. Eduardo Ferro organizó un desayuno de trabajo. Al terminar la fiestita obsequió una “sorpresita” a cada uno de ellos: una bala punto 30 de carabina M1 o M2, el arma de los oficiales en los ‘70. Continúan en guerra contra el pueblo, sus organizaciones y sus militantes. Extrañan la sala de tortura, las violaciones, la libertad para asesinar y desaparecer “subversivos”, el placer de quebrar su condición humana y  valores, de adueñarse de los miedos del torturado.  El signo de los tiempos que corren es que “Llamarada” hay podido convertirse en caudillo de la movilización de los impunes. Al parecer, sus crímenes, que debieran ser repudiados, le otorgan cierto prestigio entre sus pares: 835 de ellos respondieron al convite, bastante más que los 600 del año anterior. Acumulan fuerzas protegidos por la política de olvidar y perdonar que caracteriza al elenco gobernante del Uruguay.  Hay una mutua  relación entre la cultura de impunidad dominante y el crecimiento político de los núcleos de terrorismo de Estado que sobreviven en las fuerzas armadas y el poder judicial. Si el gobierno tuviera una actitud decidida de búsqueda de la Verdad y la Justicia, a los gorilones se les cerrarían los espacios donde prosperan. En caso de continuar como hasta ahora, habrá que seguir soportando los zarpazos de los Ruibal Pino,  los Zubía y los Ferro, que hieren de muerte las esperanzas del bunca más dictadura. 

Salvador Allende
Apenas accedió al gobierno por la vía electoral, Salvador Allende emprendió un camino democrático hacia el socialismo, se tomaron  medidas concretas que apuntaban a independizar la economía cilena y a  desarrollar el poder popular. Tal vez confió demasiado en que las fuerzas armadas se mantendrían al margen; tal vez podía haber convocado el proceso insurreccional que pusiera todo el poder en manos del pueblo organizado y armado. Tal vez... muchas cosas más. Lo cierto es que apenas los dueños de Chile y el imperialismo sintieron que su poder estaba en peligro, decidieron abortar el experimento chileno. Cuando los pueblos traspasan ciertos límites, la clase propietaria no tiene ningún empacho en quebrar su propia legalidad y la institucionalidad democrática. Como está ocurriendo en Venezuela.  El 11 de setiembre de 1973 asesinaron a Salvador Allende y lanzaron su guerra de exterminio contra las fuerzas del pueblo chileno. 

Los ex-guerrilleros que hoy gobiernan el Uruguay no echaron en saco roto las lecciones del experimento chileno de los ’70,  tomaron muy en cuenta la existencia de límites que tienen vedado atravesar los gobiernos de izquierda y, por consiguiente,  se preocuparon por dejar en claro que los respetarían puntillosamente. Entonces obtuvieron el permiso para hacer política desde las instituciones que intentado derribar. 

Es más, se alejaron presurosamente de todo lo que oliera a lucha social o participación popular y, con la misma celeridad, corrieron a amigarse con los dueños del Uruguay y el imperialismo. Su política de acumulación de fuerzas se denominó el  “abrazo de las culebras”: en el 2010 firmaron el pacto del Conrad con el empresariado mercosureño y en el 2013 profundizaron sus relaciones con el capitalismo, al firmar en New York el pacto con Soros y Rockefeller. Mientras enfervorizaba sus feligreses con versos sobre consumismo y mercado, el presidente uruguayo hincó la rodilla en tierra para abrazarse a dos de las grandes culebras del planeta, los dueños del mercado mundial y los mayores promotores del consumismo.
 
Sin embargo, también es cierto que llegaron al gobierno montando una historia preñada de muertes y desapariciones, de torturas y violaciones.  “Andan sobre rastrojos de difuntos” al decir de Miguel Hernández.  Andamos, más bien, y por eso siento este nudo en las tripas. Los votaron porque fueron guerrilleros y encabezaron un movimiento que quiso hacer la revolución. Es completamente inmoral olvidar, tergiversar y ocultar esa historia de sacrificios y entrega revolucionaria. 

La inmoralidad política en que eligieron vivir les ha ido cambiando su forma de pensar, sus personalidades se fueron transformando en el curso de su vida de renuncios y concesiones, hasta que hoy día son reaccionarios en el sentir, el pensar y el actuar.  Es tan reaccionario como enviar tropas al servicio de las corporaciones internacionales para ocupar militarmente Haití y el Congo, es tan reaccionario como usar ilegítimamente la fuerza pública contra la pobreza excluída en las “zones rojas” y contra las luchas sociales y políticas des/calificadas por “radicales”.



Los ex-guerrilleros arrepentidos ya dejaron de cuestionar la naturaleza criminal del capitalismo y el despotismo que se esconde bajo la formalidad de la democracia burguesa.  Argumentando que las circunstancias del 2013 son muy diferentes a las del 1969, decretaron la abolición de las luchas revolucionarias. Su estrategia no se sale de los marcos de la legalidad burguesa y se desarrolla en el parlamento o en los medios masivos de comunicación.  Nada tienen que ver con el movimiento tupamaro liderado por Raúl Sendic (padre). De la gesta guerrillera de los ’60 sólo recuerdan  aquello que sirve a la campaña electoral, lo demás sobra y se arroja a la papelera.  Alfredo Cultelli, Jorge Salerno y Ricardo Zabalza nunca pensaron que sus muertes serían usadas para elogiar divisas ya desmerecidas y juntar votos a lo bobo.

Este 8 de octubre, al igual que todos los años, el Movimiento de Liberación Nacional  (Tupamaros), organiza un acto en la calle Tristán Narvaja para recordar a los caídos en la toma de la ciudad de Pando. Dicho con mayor precisión, esta caricatura de aquél  movimiento que pretendió hacer una revolución, organiza un remedo de homenaje a Jorge Salerno, Alfredo Cultelli y Ricardo Zabalza. Hablarán de cualquier cosa menos de las razones que los impulsaron a dar la vida en 1969. 

Termino pidiendo un poco de respeto a los que murieron luchando por la revolución. No sean tan hipócritas y dejen de hacer homenajes fallutos donde los únicos homenajeados son ustedes mismos.

Habrá patria para todos o para nadie!






martes, 1 de octubre de 2013

Jorge Zabalza en "Poder Pensar"

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El Tambero "en camino"



Jorge Zabalza en Diamente FM invitado al programa "En Camino" que conduce Alejandro Camino







Zabalza está muy orgulloso

Terrorismo de estado

Policía aguarda llegada de militantes radicales al juzgado de Misiones
Hay una gran movilización de apoyo cerca del Juzgado de Misiones por pedido de procesamiento de siete militantes. La Policía valló la calle. 
(continúa la criminalización estatal contra activistas de DDHH) 

 

Zabalza acusó a SCJ y fiscal Zubía de "terrorismo de Estado"

El extupamaro dijo sentirse orgulloso y no tener miedo a ser procesado con prisión por los incidentes en la Suprema Corte de Justicia por el traslado de la jueza Mota.

El exdirigente tupamaro Jorge Zabalza, para quien el fiscal Gustavo Zubía, pidió el procesamiento con prisión dice que la Suprema Corte de Justicia y el representante del Ministerio Público pregonan el terrorismo de Estado.
La Suprema Corte de Justicia y el fiscal Zubía mantienen en ellos un espíritu del terrorismo de Estado y obran en consecuencia”, dijo Zabalza a Subrayado.
El exintegrante del Movimiento de Liberación Nacional dijo sentirse orgulloso por el pedido de procesamiento y aseguró que no renunciará a sus principios. “Me procesará. No me importa. Tengo 70 años, estuve 15 años preso y 11 años aislado en un pozo”, remarcó Zabalza.
Tras siete meses de la ocupación de la Suprema Corte de Justicia en protesta por el traslado de la jueza Mariana Mota de un Juzgado penal a uno civil, el fiscal Zubía, solicitó el procesamiento con prisión de Zabalza, de Irma Leites, integrante de Plenaria Memoria y Justicia, del exfutbolista Diego Jaume y de la militante Patricia Borda. Asimismo pidió el procesamiento sin prisión para el dirigente de Adeom, Aníbal Varela, y para Álvaro y Eduardo Jaume, padre y hermano del exfutbolista.
El cordón policial me quiso tirar por la escalera para abajo y simplemente me negué. No me gusta que me maltraten”, indicó Zabalza. El extupamaro sostiene que no hay foto o video donde se lo muestre alterado, y que todo es "mentira", un "invento".
Está acusado por el delito de atentado con agravantes. El artículo 171 del Código Penal indica, que quien usando violencia o amenaza contra un funcionario público, pretende impedir al funcionario asumir la función o tomar posesión del cargo o lograr el odio o el menosprecio, incurre en un delito.
La pena es de tres meses de prisión a tres años de penitenciaría. Se ve agravada si la ejercen más de 3 personas o si la violencia se ejecuta contra más de dos funcionarios o contra un cuerpo judicial. En este caso fue contra los ministros de la Suprema Corte de Justicia, señala el diario El Observador.
La jueza Gabriela Merialdo convocó a los acusados a realizar sus descargos este jueves; luego considerará si da lugar o no al pedido de la Fiscalía.

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. Metropolis FM 19.09.2013
Pedido de procesamiento a Leites y Zabalza no tiene fundamentos según abogado -
El abogado de la dirigente de Plenaria Memoria y Justicia, Irma Leites, y el ex Tupamaro Jorge Zabalza; Juan Fagúndez, dijo en Pisando Fuerte que el pedido de procesamiento hacia las siete personas, no tiene fundamentos 

  El penalista considera que la gente fue a manifestar en un edificio público, por lo cual no se les puede acusar por “atentado agravado”, ya que “no entraron a los prepos” ni agredieron a ningún funcionario público.

Bajo el lema “Tocan a uno y tocan a todos”, se realizó una movilización en la puerta del juzgado penal de Misiones, tras la comparecencia ante la jueza Gabriela Merialdo, los siete citados por disturbios en la sede de la Suprema Corte de Justicia, tras las solicitudes de procesamiento que realizó el fiscal penal Gustavo Zubía, entre los que se encuentran la dirigente de Plenaria Memoria y Justicia, Irma Leites, y el ex tupamaro Jorge Zabalza, así como también están llamados a comparecer el ex futbolista Álvaro Jaume, la docente Patricia Borda, el dirigente de Adeom Aníbal Varela, y los activistas Eduardo y Diego Jaume. Para los tres últimos, Zubía solicitó un procesamiento sin prisión.

“Hay un clima en la cual se arremete contra las organizaciones sociales, que hace que un fiscal se ensañe con determinadas personas, de 140 o 150 que había ese día” dijo Zabalza en conferencia de prensa.

“El poder Ejecutivo es responsable directo” agregó, ya que la vista fiscal cuenta con el logo del Ministerio de Educación y Cultura, del que depende la Fiscalía.

Organizaciones sociales y docentes, convocaron a la población a movilizarse en la puerta de la sede penal, ante la indignación por los pedidos de procesamiento ya que lo consideraron inaceptable, así como fue visto como la “criminalización de uno de los principales derechos humanos, la libertad de expresión”, según la convocatoria de la Asociación de Docentes de Educación Secundaria de Montevideo. -

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Los 7 acusados 


Fascismo descarnado y descarado:
De "El Observador" que no cesa de atizar el fuego de la hoguera de la Inquisición:

Aunque los ministros de la SCJ denunciaron a los activistas por violencia privada, el fiscal Gustavo Zubía pidió el procesamiento de los siete implicados por otro delito: atentado. Zubía solicitó prisión por atentado agravado para cuatro de ellos: Zabalza, Irma Leites (líder de Plenaria Memoria y Justicia), Patricia Borda y Álvaro Jaume. En la vista fiscal, a la que accedió El Observador, los llama “instigadores”.

Zubía expresa en la requisitoria fiscal que “las acciones desarrolladas por algunos de los partícipes (...) no se sitúan como acciones aisladas, motivadas por situaciones puntuales, sino en un entronque conceptual de largo aliento, con motivaciones ostensibles y, en consecuencia, los métodos operativos realizados no responden a factores circunstanciales, sino a mecánicas probadas en procura de determinados resultados concretos”. Tanto Zabalza como Leites fueron tupamaros y estuvieron en prisión durante la dictadura.


Comentario del Colectivo del Blog Noticias Uruguayas
Los cobijadores de los criminales de lesa humanidad, es decir los miembros de la Suprema Corte, consideraron "violencia privada" el que hubieran ciudadanos que solidarizaran con la Jueza Mota, víctima del atropello de estos elementos. Estos "demócratas" entienden como "violencia privada" el que haya gente que no está de acuerdo con sus resoluciones. Como se ve todo un ejemplo de democracia y "equidad" de parte de quienes supuestamente son los más altos "dignatarios" para interpretar leyes e impartir justicia. Una aberración sin límites. Más viniendo de quienes han otorgado inmunidad e impunidad a la banda mafiosa que ocupó el país, asesinó, secuestró, desapareció, torturó, detuvo a millares de ciudadanos ilegalmente, robo bebés y encima saqueó para beneficio personal tanto a las personas como al estado. Para la SCJ esto no ha sido violencia,pero sí lo consideran el aplaudir a la Jueza Mota por su dignidad ante tanto cerdo fascista. Les molestó que su víctima del crimen institucional recibiera muestras de simpatía popular. "Violencia" han dicho...que farsantes!. Qué se vaya la Corte!


Zubía es un caso extremo de fascismo congénito. Más cuando su padre y otros familiares han formado parte de la mafia saqueadora y genocida. Su "tesis", o su "Mein Kampf" es: que no se trata de los hechos en sí sobre los cuales pide prisión, sino -aplicando una creatividad digna de Goebbels- sostiene que en realidad lo que han hecho (que normalmente es sobre lo que se juzga) "no se sitúan como acciones aisladas, motivadas por situaciones puntuales, sino en un entronque conceptual de largo aliento con motivaciones ostensibles..." 

En otras palabras les quiere cobrar a estos luchadores populares cuentas a cargo del pasado y por adelantado en función del futuro. Entra la duda sobre como este fiscafacho ha sido aprobado en sus estudios jurídicos. Su basamento acusatorio en sin duda calcado de los procesos nazis que se sostenían en la presunción sin prueba alguna, motivadas esas presunciones en lo "conceptual" (es decir en como piensa) el acusado, encima "de largo aliento" lo que implica condenar a alguien por sus conceptos/ideas y sin prueba alguna sostener que estos son de larga data. Es decir que la gente de izquierda que ha sido consecuente con sus ideas debe de ser condenada precisamente por ser esta convicción, de "largo aliento", sin detenerse a las consideraciones concretas de los hechos. 

Es, ni más ni menos, que un "juicio" ideológico, por tener y haber tenido ideas, y no una acusación concreta sobre hechos, ni más ni menos que un juicio político, y por lo tanto una clara y descarada violación de los derechos fundamentales del ciudadano, violación de la Constitución Nacional y más que nada violación de la carta fundamental de las Naciones Unidas sobre los derechos humanos. Es decir una colección de violaciones en unas pocas palabras empleadas que no son más que la esencia del pensamiento fascista. Encima le atribuye a los acusados (a futuro) la intencionalidad de seguir "cometiendo delitos" porque tienen esos "conceptos". En cualquier lugar (menos claro con los acusados de Guantánamo) este Fiscal sería sacado de su cargo de manera inmediata. 
Para continuar: "y, en consecuencia, los métodos operativos realizados no responden a factores circunstanciales, sino a mecánicas probadas en procura de determinados resultados concretos”. Habla de "métodos operativos" en clara presunción de una "operación" , métodos que encima "no responden a factores circunstanciales" es decir que va cubriendo los supuestos con otros supuestos y aún cuando no pueda probar (no le interesa ni se ocupa de probar nada sino que su "acusación" es un libelo salido de la "literatura" de las "Fuerzas Conjuntas") ninguna "operación", la da por supuesta en base a lo "conceptual" (lo ideológico) de los acusados. Con lo cual no hay forma alguna de siquiera debatir o cuestionar. 

Es un fallo, una condena, por lo que piensan y han pensado los acusados y peor aún por el delito de haber pensado de una manera (por ejemplo estar contra la dictadura y los asesinatos o secuestros y desapariciones) y seguir pensando igual, lo cual constituye para este ejemplar salido de las negras páginas de la criminal dictadura, una prueba terminante de la intencionalidad aunque no haya ningún hecho concreto que acredite delito. Para finalizar sentenciando: "sino a mecánicas probadas en procura de determinados resultados concretos”. Es decir que sin una sola prueba y basándose en las ideas que tenían y tienen los acusados monta una supuesta operación, "de largo aliento" sostiene, "operación" que utiliza "mecánicas probadas", para el logro de "determinados resultados concretos" todo este palabrerío final viene al caso como "sostén" de todo lo anterior, "resultados concretos" y de allí al "resultado concreto" que fué el aplaudir a la Jueza Mariana Mota. 

Si toda esta exposición del pensamiento fascista "puro y duro" no implicase - como por desgracia lo es - un alerta para todo el movimiento popular daría para incluír esta pieza "argumental" en un compendio de la estupidez. Cuando Mujica llamó a la SCJ a echar a la Jueza Mota abrió la Caja de Pandora que estaba tapada por la cruz gamada. El movimiento popular volverá a pagar el precio de la irresponsabilidad de las cúpulas y los dirigentes autoconsiderados Mesías. Que nos sirva de lección, otra más.

Colectivo del Blog Noticias Uruguayas



 No son solamente "radicales" los que están en contra de la impunidad


Vocero de la SCJ fue acusado de ser el responsable del ingreso masivo de personas en la asonada

Raúl Oxandabarat (foto) fue acusado por el abogado Juan Fagúndez, defensor de tres de los imputados por los disturbios en la Suprema Corte de Justicia (SCJ) de ser el responsable de permitir la entrada masiva de gente al edificio.
El funcionario dijo a UNoticias que no responderá esos dichos y adelantó que las acusaciones del abogado serán parte de la investigación si se inicia un juicio penal.
En diálogo con radio Sarandí, Fagúndez aseguró que ” la entrada masiva de la gente la provocó él (Oxandabarat), cuando empezó a cerrar las puertas de un edificio público, eso no lo declaró”.
Por su parte, el vocero de la SCJ, manifestó a UNoticias que no va a responder esas acusaciones.
No obstante, aclaró que si la jueza del caso, Gabriela Merialdo, decide que en la investigación existen elementos para llamar a “responsabilidad” a los indagados, da inicio a un juicio penal.
“Si se inicia un juicio penal, esto que está diciendo el doctor Fagúndez será parte de la investigación”, afirmó el vocero.
Antes de tomar la decisión, la jueza Merialdo citó a los siete implicados para declarar en el Juzgado de la calle Misiones a partir de las 13:30 horas.
El gremio docente de Montevideo, así como Plenaria Memoria y Justicia y otras organizaciones sociales, convocan a protestar ante la sede judicial por la medida de procesamientos de los militantes.

jue sep 19 2013
El abogado Juan Fagúndez dijo que el vocero de la Suprema Corte, Raúl “Oxandabarat se olvida de una cosa muy importante" cuando declara ante el juez que le consta que los siete acusados por la ocupación tenían la intención de evitar el juramento de los jueces que tendría lugar ese día, entre los que estaba el de la magistrada Mariana Mota. 
Olvida que " la entrada masiva de la gente la provocó él, cuando empezó a cerrar las puertas de un edificio público, eso no lo declaró”, enfatizó en declaraciones a radio Sarandí, el abogado de Jorge Zabalza, y Diego y Álvaro Jaume. 
“Esta es una causa de naturaleza política, porque lo que mis patrocinados consideran es que acá lo que se está persiguiendo es un acto de protesta, no un acto con intencionalidad de impedir otro acto”, explicó.
Fagúndez afirmó que el parte del fiscal dice que el acto se demoró tres horas, a su entender por el “infeliz” operativo policial, en el que los efectivos ingresaron a “empujar y dar palo a la gente que estaba ahí”.
“Cuando digo que esto es una causa de naturaleza política, lo baso en que hecho que después se utiliza para adecuarlo a una figura penal, que no se puede adecuar, por tecnicismos técnicos, es que se está juzgando sobre una protesta”, agregó.
“Lo que él (el fiscal Gustavo Zubía) pinta con derecho penal no tiene nada de derecho penal”, sostuvo y agregó: “Para mí se empujó este tipo penal dentro de estos hechos”.
“Los hechos de naturaleza social jamás pueden ser considerados un delito, a menos que agarren de un pescuezo a un ministro”, dijo el abogado.
“Esa figura en el modo que está redactada requiere una proximidad con el funcionario, en la que el que quiere impedir haga algo sobre el funcionario, es un delito porque hay una coacción sobre el funcionario, hay una especie de pérdida de libertad del funcionario de ejercer su función”, explicó.
“Nadie tenía intención de entrar a impedir la ceremonia”, afirmó el abogado.
Sobre los insultos que denunciaron los ministros de la Suprema Corte Fagúndez dijo que se trató de una protesta: “Si hay falta de educación, y bueno hay falta de educación, de ahí a cometer el delito planificado y desarrollado en la obtención del fin de impedir la ceremonia, me parece que bueno, fue una protesta con insultos, gritos, cantos, aplausos, fue una protesta que demoró un acto muy protocolar”.
En el mismo sentido el abogado de Irma Leites, Gustavo Salle, comentó a El País que Oxandabarat no buscó dialogar y negociar con los manifestantes y que "intentó cerrar las puertas de la Suprema Corte de Justicia, un edificio público y de libre acceso y especialmente cuando se va a realizar un acto público".

Protesta en la SCJ

La jueza Gabriela Merialdo citó a los implicados para hoy jueves a las 13.30 para realizar las audiencias ratificatorias, aunque se estima que la magistrada diferirá la resolución para los próximos días.
Para la hora de las audiencias, Plenaria Memoria y Justicia, el sindicato de profesores de Montevideo (ADES) y Adeom convocan a manifestarse frente al juzgado de la calle Misiones casi 25 de Mayo, por lo que habrá importantes alteraciones en el tránsito en esa zona de la Ciudad Vieja. Esta mañana el sindicato de UTU anunció que parará desde las 13.30 horas para participar en la marcha. 
El Pit-Cnt, en tanto, si bien no convocó a manifestarse frente a la sede judicial, expresó ayer en un comunicado su rechazo a los pedidos de procesamiento formulados por el fiscal Zubía porque "es una forma de judicializar las movilizaciones populares".


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 Terrorismo de estado


jue sep 19 2013
Desde esta mañana la entrada al juzgado de la calle Misiones está vallada al igual que la sede de la Suprema Corte de Justicia. Hay fuertes medidas de seguridad y presencia de la Guardia Republicana en ambos puntos de Montevideo.  
Sobre las 13:40 horas empezaron a llegar los siete acusados del atentado contra la Suprema Corte de Justicia del pasado 15 de febrero para presentar sus descargos.
Al grito de "se escucha, se escucha, arriba los que luchan" ingresaron a declarar a las 14:18 horas. Minutos después y por el pasaje de una camioneta del Ministerio del Interior se dio un forcejeo entre manifestantes y la Policía que duro pocos minutos ya que el vehículo retrocedió. 
La jueza escuchará a los acusados y luego resolverá si los procesa como pidió el fiscal. Si bien puede hacerlo hoy se estima que fallará en los próximos días. 
Para la hora de las audiencias, Plenaria Memoria y Justicia, el sindicato de profesores de Montevideo (ADES) y Adeom convocaron a manifestarse. Frente al juzgado hay unas 150 personas, entre las que se destacan dirigentes sindicales como Joselo López y Luis Martínez de Ades.
El Pit-Cnt, en tanto, si bien no convocó a manifestarse frente a la sede judicial, expresó ayer en un comunicado su rechazo a los pedidos de procesamiento formulados por el fiscal Zubía porque "es una forma de judicializar las movilizaciones populares".
COFE también emitió un comunicado en el que aseguran que la "movilización que se realizó en la Suprema Corte de Justicia no hizo más que reflejar el sentir de muchos uruguayos, los cuales se sentían indignados por un acto que atacaba directamente los derechos de quienes exigen conocer la verdad".

Irma Leites también se siente orgullosa

Mientras los siete acusados por la asonada en la Suprema Corte de Justicia declaraban en el Juzgado de Misiones, en las afueras hubo incidentes entre la Policía y los manifestantes.
Las cosas estaban calmas afuera, cuando una camioneta del Ministerio del Interior pretendió ingresar cruzando la calle 25 de mayo, precisamente en la esquina en donde concentraban los manifestantes que esperaban a los declarantes en el interior del Juzgado.

La camioneta prendió las sirenas pero no logró que las personas se movieran. En lugar de eso, recibió varios gritos y abucheos.
Un policía bajó y pidió con buenos modales que se corrieran para poder ingresar. El ambiente comenzó a subir temperatura, comenzaron a gritar, y algunos a agitar. “Nos están provocando por gusto”, repetía un señor a la multitud.
Ante la negativa de la muchedumbre, los policías que estaban del otro lado del vallado, intentaron hacer un “salvoconducto” para que la camioneta pase. Empujaron a los manifestantes que respondieron con empujones que ocuparon una línea de más de media cuadra.

Como los manifestantes resistieron la policía retrocedió. El dirigente de COFE, Joselo López, el también dirigente Martín Pereira de la FFSP, fue otro de los que estuvo frente a frente con la Policía.

“Ganamos una”, dijo una de las manifestantes cuando la Policía retrocedió.
La dirigente de Plenaria Memoria y Justicia, Irma Leites, salió del juzgado y habló con la prensa. Dijo que se siente “orgullosa de que se mantenga viva la memoria de la resistencia”. “No fuimos siete, sino toda esta gente y mucha más la que está contra la muralla de impunidad”, agregó. Su hija, que la esperaba afuera le contó el episodio vivido con la Policía. “Están buscando todas las excusas para reprimirnos”, le respondió.

Entendieron???
. Declaraciones de Patricia Borda en la puerta del Juzgado de la calle Misiones. Aclarándole los tantos a la prensa..





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jueves, 22 de agosto de 2013

Presión sicológica

Jorge Ruibal Pino

por Jorge Zabalza
Salió en Voces 22 de agosto del 2013

Una tarde, en el cuartel de Paso de los Toros, quedó de capitán servicio el “Chepe” González. Se emborrachó como dios manda y bajó a las catacumbas  verduguearmos un poco para matar el aburrimiento. Fué el día que Raúl Sendic le lanzó una trompada a través de las rejas y el “Chepe” se descontroló totalmente: “van a terminar como esos “pichis” que aparecieron flotando, pero los vamos a tirar acá nomás en el Río Negro”, gritó histérico. Esta primer noticia sirvió para sonsacar más información a los guardias.  Explicaron que los muertos eran “chinos” que tiraban de los barcos de pesca. Con algo de imaginación supusimos algo similar a los “vuelos de la muerte”.

El primero lo encontró Aurelio Leiva, el 8 de noviembre de 1975, exactamente al mediodía, en la ciudad de Carmelo, frente a la cantera vieja de Martín Chico.  El último hallazgo lo hizo Rogelio González,  el 7 de abril de 1979 a las seis de la mañana, entre el balneario Santa Mónica y la boya petrolera, en Jose Ignacio, departamento de Maldonado.  En total fueron 31 cadáveres los que aparecieron en las playas de Colonia, Montevideo, Maldonado y Rocha. Debieron  pasar casi 35 años hasta que el equipo de López Mass lograra darles una identidad a cinco de los cuerpos hallados:   Maria Rosa Mora, Floreal Avellaneda y Raúl A. Niño (argentinos), Liborio Gadea (paraguayo) y Atilio Eleuterio Arias (uruguayo).

Todos los cuerpos fueron examinados por médicos forenses que no descubrieron nada sospechoso en los signos de violencia previa a la asfixia por inmersión y en sus muñecas maniatadas con alambres. Sin investigar los hechos se procedía a enterrar el cadáver lo más rápidamente posible como “nn” y la prensa informaba que era un marinero asiático desconocido. Decenas de fiscales y jueces uruguayos omitieron investigar la identidad de los cadáveres y de quienes los habían asesinado. Encubrieron crímenes de lesa humanidad, Sin embargo, dada la impunidad ambiente que reina en Uruguay, continuaron sus carreras y algunos, como Jorge Ruibal Pino, llegaron a la Suprema Corte de Justicia. 
  
En 1978 Jorge Ruibal Pino era fiscal letrado de Carmelo.  Como relata Walter Pernas en BRECHA, A tres semanas de haber desempacado en su nueva oficina, llegó el aviso: el señor Emilio Diez caminaba a las ocho de la mañana por la costa del Parador Punta Gorda, en Nueva Palmira, donde las aguas del río Uruguay se juntan con las del Río de la Plata, cuando encontró un cuerpo tendido en la arena, boca abajo.  
Ruibal Pino decidió arrojar a la papelera los prinicipios generales de la Justicia y se enroló definitivamente en las filas del ejército cívico de la dictadura uniformada.  Los méritos hechos le valieron hacer carrera a paso redoblado y en menos de un año fue Juez Letrado del departamento de Colonia. En su despacho dormían varios de los expedientes de los cadáveres hallados en el Río de la Plata.  Con sus jóvenes 33 años Jorge Ruibal Pino volvió a hacerse el sota. Qué importaban unos cadáveres más o menos, lo importante era  detener el avance del comunismo internacional. Entonces Ruibal Pino no sintió que nadie lo presionara sicológicamente, pertenecía al brazo judicial del poder cívico militar.
En 1981 Ruibal Pino recibió el premio que merecia su falta de escrúpulos y fue nombrado en un juzgado penal de Montevideo, justo donde estaba radicado el expediente del maestro Julio Castro.  La cuestión de los desaparecidos lo perseguía. Cuando apenas retornada la legalidad tutelada, los familiares del maestro intentaron desempolvar la causa, Ruibal Pino no dudó un instante en colocar otro ladrillito en la muralla de impunidad.  

Es lícito que el lector se pregunte como diablos un tipo con tales antecedentes llegó a la Suprema Corte de Justicia, el organismo supuestamente encargado de velar por la aplicación de la legislación que protege los derechos humanos.  Cuando quedó vacante un cargo de ministro de la Corte, en el parlamento no hubo acuerdo para nombrar una persona más idónea y Jorge Ruibal Pino, además de ser masón, era el más antiguo miembro de los tribunales de apelación.  Sin embargo, como el Poder Judicial argentino está tan activo hoy día, corre el peligro de ser llamado en calidad de indagado porque, como es sabido, del otro lado del charco las atrocidades cívico militares no prescriben.  Ruibal Pino sintió el peligro y decidió amurallar el poder judicial para proteger la impunidad de los terroristas de Estado y, de paso, la suya propia.  Al prejuzgar que están prescriptos los crímenes del terrorismo de Estado, se estaba curando en salud. También lo hizo al apartar de las causas de derechos humanos a las juezas Mariana Mota y  Rosana Canclini.

Obedeciendo la sentencia Gelman de la Corte Interamericana, la Dra. Canclini estaba diligenciando rápidamente el expediente ficha 2-39048/2011, donde se denuncia por tortura a los jefes, subjefes y encargados del S-2 de las unidades donde estuvieron recluídos los llamados “rehenes”. Un montón de torturadores serían llamados a declarar.
   
La Suprema está decidida a tomar medidas ejemplarizantes con algunos de los que fuimos a presenciar la represalia contra Mota y Canclini para que no quedara en secreto. Los ministros tienen la piel muy delicada cuando les reclaman Verdad y Justicia y se quejan de que sufrieron presión sicológica el 15 de febrero del 2013. Sienten que en dicha instancia su libertad de movimientos se vió afectada y temían por su integridad física. Ciegos y sordos a la legislación internacional en materia de derechos humanos, no fueron tan sensibles ni puntillosos en sus primeros tiempos de magistrados. Siguen siendo funcionales al Plan Cóndor y al terrorismo de Estado. 


Jorge Zabalza